Los vecinos del Iders hemos podido escuchar estos días los mismos discursos que en su día escuchamos a las administraciones y políticos del Puerto de la Cruz. Nuestro edificio quedó fuera de ordenación con el PGOU del año 1992. El plan admitía la construcción de 6 plantas y el edificio tiene 9. Después de "diagnosticar" que el edificio tenía aluminosis y obligarnos a desalojar, no nos permitieron construir las 9 plantas, no nos facilitaron la rehabilitación, ni tampoco nos dieron ninguna solución para los vecinos que perdían sus viviendas. Eso sí antes del desalojo nos prometieron exactamente lo mismo que ahora les prometen a los vecinos de Santa Cruz... aumento de la volumetría, todo tipo de ayudas para la rehabiliatción, etc...El PGO favoreció la presunta especulación con nuestras viviendas. Desde el año 2002 un promotor inmobiliario se ha hecho con el 28% del edificio con objeto de demolerlo y construir uno nuevo. Los vecinos estamos demandados por este promotor y todos los acuerdos tomados en junta impugnados. Este conflicto dilata el que podamos volver a nuestras casas. Algunos vecinos no han podido soportar económicamente esta situación y han vendido sus propiedades a precios de risa. Ese es el resultado del PGOU. Y el remate lo pone Guillermo Meca (PP), concejal de urbanismo del Puerto de la Cruz, que en unas recientes declaraciones a la Televisión Canaria ha dicho: "el problema del Edificio Iders es un problema entre vecinos". Así que ya sabeis... cuando aparezcan los problemas estos se lavaran las manos y os dirán que es un problema entre vecinos.
¿Y las administraciones públicas?. No esperen que les apoyen sí tras la aprobación del PGO hay complicaciones. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, no se les ocurre otra cosa que proponer convertir nuestras viviendas en un centro comercial a través del Proyecto Gesturis.
Estas cosas nunca son fáciles ni sencillas. Nos asusta la frivolidad con la que se tratan estos temas. De esta experiencia creo que podemos aprender todos. Especialmente aquellos que creen que emitiendo certificados desde un ayuntamiento pueden controlar el devenir de las cosas.
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